Pensiones y tabaco

“La muerte prematura de los cotizantes ocasionada por enfermedades relacionadas con el tabaco permite que el estado se ahorre dinero en pensiones”.

Desde los años 90, portavoces de la Industria han ideado este paranoide argumento para justificar la conveniencia económica del consumo de tabaco. La obra de Manning In Defense of Smoking pormenoriza los mecanismos que hacen posible este milagro en las arcas públicas. Con la inminencia de la ley 28/05, el economista y filósofo Xavier Salá i Martín realimentó este inhumano disparate con su aclamado, premiado y vitoreado artículo Limitar nuestra libertad.

Como siempre, la industria ofrece datos matemáticos aislados y fáciles de asimilar para el vulgo. Es una estrategia bastante usada; la de propagar y repetir alto y claro consignas sencillas basadas en absurdos lógicos que calan en la opinión pública más ruidosa. Los matices se obvian o se desacreditan.

España es uno de los países de Europa en los que más puestos de trabajo improductivos hay. El rendimiento laboral es claramente inferior al de nuestros vecinos y, además, presenta igualmente uno de los índices más elevados de absentismo laboral. Casualmente, es uno de los países con mayor proporción de fumadores entre la población activa (casi el 50 %). Ya que hay que tener en cuenta que, por razones histórico-culturales, las amas de casa tradicionales y las mujeres de avanzada edad apenas fuman. En los países anglosajones, los índices de tabaquismo según edad, sexo y condición se hallan distribuidos de forma más homogénea. Por supuesto, además son inferiores en términos globales.

Dejando a un lado consideraciones morales, permitir que la gente muera antes por culpa del tabaco, no es una solución eficaz para garantizar las pensiones en el futuro inmediato. El envejecimiento demográfico es un hecho como también lo es el aumento de la esperanza de vida. Lo normal es que los avances médicos mejoren nuestra calidad de vida a la par que nuestra longevidad. El que el trabajador viva más allá de la edad de jubilación, ciertamente, ocasiona un gasto público. Pero una adaptación de los períodos de cotización del trabajador a esta nueva realidad compensa los costes de manera sobrada; cosa que el tabaco no hace.

La clave radica en prolongar la edad de jubilación gradualmente conforme crece la esperanza de vida y se mejora su calidad gracias a la reducción del consumo de tabaco. Si una persona ha vivido hasta los 95 años es posible que haya disfrutado de una larga y productiva vida ¿Acaso no hubiese podido prolongar de manera ininterrumpida su tiempo de cotización hasta más allá de los 70 años?. Por su parte, si un fumador ha muerto a los 70 años, es posible que sea porque haya sufrido una enfermedad que lo ha tenido incapacitado para toda actividad laboral prematuramente; digamos desde que tenía 60 años. Si a ello unimos las bajas por enfermedad, la pérdida de productividad a causa de los achaques previos y el consiguiente gasto sanitario extra, la rentabilidad de haberse muerto de tabaquismo “antes que por otras causas” queda en tela de juicio.

PNF